El
Papa Francisco se hincará y rezará frente a la tumba de Samuel Ruíz García, ex
obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ubicada en la Catedral
de la Paz de la ciudad colonial de Chiapas. Un grupo de periodistas le hacemos
un homenaje al “jtatik” (padre en lengua tseltal) que consolidó una pastoral
cercana a los pobres y marginados, además de construir – junto con teólogos y
obispos de Brasil, Perú, Bolivia, México…- la teología de la liberación. A
reserva que se tenga el folleto impreso y digitalizado en las próximas horas, a
partir de la llegada del Papa Francisco a Chiapas publicaremos en las redes
sociales algunos de los los materiales redactados en homenaje a “jtatik”.
Texto: Elio Henríquez, Juan Balboa y Berenice
Moreno.Caricatura: Enrique Alfaro.
Fotografías: Carlos Martínez Suárez.
Corrección: Humberto Pérez Matus.
Producción general: Enrique Alfaro y Juan Balboa.
Jtatik (padre) Samuel
En el entierro: “Jtatic Samuel, hoy aquellos que
quisieron matarte ahora dicen que estuvieron al lado tuyo”
Juan BalboaSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.-“Jtatic Samuel, hoy aquellos que quisieron matarte ahora dicen que estuvieron al lado tuyo; Señor Padre, todos los que te quisieron hacerte daño dicen que son amigos tuyos. Que mentirosos.
“¡Queremos iglesia al lado de
los pobres”.
Quien gritaba por el micrófono
frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas era el párroco de la Iglesia
del Cristo Negro de Tila, Heriberto Cruz Vera, el sacerdote que estuvo en su
lecho de muerte el pasado 24 de enero 2011en el Distrito Federal y animador de
la misa masiva que se realizó el miércoles pasado frente a la Catedral de San
Cristóbal e las Casas, conocida mundialmente como la Catedral de la Paz.
Y las palabra del párroco
Heriberto Cruz Vera, uno de los discípulos del obispo Samuel, iba dirigido a
varios de los hombres de poder y dinero de San Cristóbal de las Casas,
conocidos como auténticos coletos, a los políticos que sin recato visitaron su
féretro expuesto en la parte central de la Catedral.
Eran palabras que parecían
bombas para los partidos políticos, sin excepción, que expresaron su “pesar por
la muerte del obispo de los pobres”, cuando ellos mismos lo atacaron; al
gobernador del estado Juan Sabines Guerrero que sin ninguna relación negoció
con el actual obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, estar presente en
todos los actos íntimos (hasta cargar el ataúd) del obispo; y, desde luego, a
los medios de comunicación, en particular a los de Chipas, que desplegaron sus
primeras planas y sus flachazos informativos dando la buena nueva de que un
“obispo bueno” había fallecido.
La corriente que aún se
mantiene vigente en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
apareció con una nueva redacción –ha tenido varias- en sus comunicados y
recordó la campaña de violencia y agresión que sufrió el obispo emérito de San
Cristóbal de las Casas por parte de los gobernadores, empezando por el papá del
que ahora tiene la embestidura de mandatario.
“…Lo que los gobiernos
olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en
la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
“Don Samuel Ruiz García y su
equipo no sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para los
indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su vida, libertad y
bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder político.
“Incluso desde mucho antes de
nuestro alzamiento en 1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el
hostigamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Federal y de los
gobiernos estatales en turno.
“Al menos desde Juan Sabines
Gutiérrez (recordado por la masacre de Wolonchan en 1980) y pasando por el
General Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio González Garrido, Elmar
Setzer M., Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro (uno de los autores
de la matanza de Acteal en 1997) y Roberto Albores Guillén (más conocido como
“el croquetas”), los gobernadores de Chiapas hostigaron a quienes en la
diócesis de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al manejo del Estado
como si fuera una hacienda porfirista”, señala el comunicado zapatista.
Las agresiones sistemáticas del poder contra Samuel
RuizLa diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue agredida sistemáticamente desde el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, agresión que se agudizó con el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido.
Con este último,
Patrocinio, la iglesia católica sufrió
atentados y cierres de templos.
Los templos ubicados en los
municipios de Tila y Sabanilla, en la región de la zona norte del estado,
fueron las más afectados por la violencia que en contra la Iglesia desato el
gobierno del estado y federal a través del grupo paramilitar priista “Paz y
Justicia”.
En Tila, la organización del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) profano los templos de las
comunidades de Corosil, reconstruido después por la propia comunidad; Huanal,
también reconstruida por los pobladores; Jolniextié, y Libertad Jolniextié.
Seis más fueron cerrados aún con la oposición de los católicos: Miguel Alemán,
El Limar, Panwits, Crucero, Masoj Grande y Pastatal.
El atrio de la iglesia de El
Limar, poblado considerado el principal centro de operaciones de Paz y Justicia
en el municipio de Tila, fue ocupado durante meses por el Ejército mexicano y
la Policía de Seguridad Pública del Estado.
En el municipio de Sabanilla,
las comunidades choles de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de Noviembre,
Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados a fines de los
años noventa.
Los municipios de Huixtán y
Chenalhó siguieron en la lista con el mayor número de parroquias afectadas por
la violencia. En el primero, destaca la iglesia de la comunidad de San
Fernando, que fue cerrada para todos los católicos y se prohibió asistir a la
eucaristía bajo la amenaza de cárcel.
En la comunidad de Yabteclum,
en el municipio de Chenalhó, fue cercado con alambre la casa de los
catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes
municipales priistas del municipio de Chenalhó, para que el sacerdote sustituto
del cura francés Michel Henri Jean Chante -expulsado en el 1998, después de 32
años de ser el sacerdote en el municipio de Chenalhó- tomará posesión.
Violencia tenía como objetivo matar la pastoral
autóctona
Pero la saña del gobierno
federal fue contra los sacerdotes
extranjeros. La agresiones contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas se
iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a nivel federal, y
de Patrocinio González Garrido, en el estado, pero se agudizaron tras la
aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de
1994.
En 1998, Michel Henri Jean
Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después de
que el gobierno mexicano le negara la regularización de sus documentos
migratorios.
Michel Chanteau, quien había
cumplido 33 años de ser párroco en Chenalhó, engrosó a la lista de agresiones
en contra del gobierno diocesano: encarcelamientos, expulsiones, amenazas de
muerte y daños en templos.
El sacerdote francés formaba
parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación, la cual
incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis.
A partir del levantamiento
armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de la violencia
que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Con Chanteau, sumaron ocho los
sacerdotes extranjeros -muchos de ellos con más de diez años de actividad
pastoral en las zonas indígenas- que fueron expulsados de México, mientras que
15 curas abandonaron el país por presiones del gobierno mexicano.
El sacerdote belga Marcelo Rostaert,
párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso detenido por
cuerpos policiacos. El 22 de julio de
1990 fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones de tierras
en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal 578-B/990. El
primero de agosto abandonó el país obligado por las autoridades migratorias.
A su vez, Joel Padrón
González, párroco de Simojovel, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de
septiembre de 1991. Sufrió cárcel en el antiguo penal estatal de Cerro Hueco,
acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, también de
conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta
pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.
El 10 de enero de 1995, el
padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la población de
Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas fueron
hostigados y amenazados de muerte 20 días después.
El 10 de febrero del mismo
año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación
(Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el EZLN. Se le acusó de los
delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo. Recupera su
libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento alguno de
prueba para demostrar que era responsable.
En esos días, el sacerdote
Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que el
edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió otras agresiones en
febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a
frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.
Otros tres sacerdotes
extranjeros de la diócesis de San Cristóbal -Rodolfo Izal Elorz (español),
Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella
(estadounidense)- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de
participar en invasiones de tierras y ``organizar'' a los indígenas.
En marzo de 1996, los
sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales
fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad
Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una
emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos.
En el segundo semestre del
mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio FM-3 a
otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín Mnich,
de Alemania, y Eduardo Machado, de India.(CVV).
