jueves, 24 de enero de 2019


Ocho años sin “jtatik” Samuel Ruiz García

Cada año le hacemos un homenaje al “jtatik” (padre en lengua tseltal) que consolidó una pastoral cercana a los pobres y marginados, además de construir – junto con teólogos y obispos de Brasil, Perú, Bolivia, México… la teología de la liberación. Don Samuel cumple hoy jueves (24 de enero de 2019) ocho años de su muerte. Publicamos un texto –redactado hace ocho años- en su memoria y como admiración a su trabajo pastoral.

Juan Balboa

San Cristóbal de Las Casas , Chiapas.-“Jtatic Samuel, hoy aquellos que quisieron matarte ahora dicen que estuvieron al lado tuyo; Señor Padre, todos los que te quisieron hacerte daño dicen que son amigos tuyos. Que mentirosos.

“¡Queremos iglesia al lado de los pobres”.

Quien gritaba por el micrófono frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas era el párroco de la Iglesia del Cristo Negro de Tila, Heriberto Cruz Vera, el sacerdote que estuvo en su lecho de muerte el 24 de enero de 2011 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y animador de la misa masiva que se realizó un día después frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, conocida mundialmente como la Catedral de la Paz.

Y las palabra del párroco Heriberto Cruz Vera, uno de los discípulos del obispo Samuel, iba dirigido a varios de los hombres de poder y dinero de San Cristóbal de las Casas, conocidos como auténticos coletos, a los políticos que sin recato visitaron su féretro expuesto en la parte central de la Catedral.

Eran palabras que parecían bombas para los partidos políticos, sin excepción, que expresaron su “pesar por la muerte del obispo de los pobres”, cuando ellos mismos lo atacaron; al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero que sin ninguna relación negoció con el entonces obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, estar presente en todos los actos íntimos (hasta cargar el ataúd) del obispo; y, desde luego, a los medios de comunicación, en particular a los de Chipas, que desplegaron sus primeras planas y sus flachazos informativos dando la buena nueva de que un “obispo bueno” había fallecido.

La corriente que aún se mantiene vigente en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apareció con una nueva redacción –ha tenido varias- en sus comunicados y recordó la campaña de violencia y agresión que sufrió el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas por parte de los gobernadores, empezando por el papá del que ahora tiene la embestidura de mandatario.

“…Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“Don Samuel Ruiz García y su equipo no sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su vida, libertad y bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder político.

“Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento en 1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el hostigamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Federal y de los gobiernos estatales en turno.

“Al menos desde Juan Sabines Gutiérrez (recordado por la masacre de Wolonchan en 1980) y pasando por el General Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio González Garrido, Elmar Setzer M., Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro (uno de los autores de la matanza de Acteal en 1997) y Roberto Albores Guillén (más conocido como “el croquetas”), los gobernadores de Chiapas hostigaron a quienes en la diócesis de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al manejo del Estado como si fuera una hacienda porfirista”, señala el comunicado zapatista.

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue agredida sistemáticamente desde el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, agresión que se agudizó con el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido.

Con este último, Patrocinio,  la iglesia católica sufrió atentados y cierres de templos.

Los templos ubicados en los municipios de Tila y Sabanilla, en la región de la zona norte del estado, fueron las más afectados por la violencia que en contra la Iglesia desato el gobierno del estado y federal a través del grupo paramilitar priista “Paz y Justicia”.

En Tila, la organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) profano los templos de las comunidades de Corosil, reconstruido después por la propia comunidad; Huanal, también reconstruida por los pobladores; Jolniextié, y Libertad Jolniextié. Seis más fueron cerrados aún con la oposición de los católicos: Miguel Alemán, El Limar, Panwits, Crucero, Masoj Grande y Pastatal.

El atrio de la iglesia de El Limar, poblado considerado el principal centro de operaciones de Paz y Justicia en el municipio de Tila, fue ocupado durante meses por el Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública del Estado.

En el municipio de Sabanilla, las comunidades choles de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de Noviembre, Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados a fines de los años noventa.

Los municipios de Huixtán y Chenalhó siguieron en la lista con el mayor número de parroquias afectadas por la violencia. En el primero, destaca la iglesia de la comunidad de San Fernando, que fue cerrada para todos los católicos y se prohibió asistir a la eucaristía bajo la amenaza de cárcel.

En la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, fue cercado con alambre la casa de los catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes municipales priistas del municipio de Chenalhó, para que el sacerdote sustituto del cura francés Michel Henri Jean Chante -expulsado en el 1998, después de 32 años de ser el sacerdote en el municipio de Chenalhó- tomará posesión.

Pero la saña del gobierno federal  fue contra los sacerdotes extranjero. La aresiones contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a nivel federal, y de Patrocinio González Garrido, en el estado, pero se agudizaron tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994.

En 1998, Michel Henri Jean Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después de que el gobierno mexicano le negara la regularización de sus documentos migratorios.

Michel Chanteau, quien había cumplido 33 años de ser párroco en Chenalhó, engrosó a la lista de agresiones en contra del gobierno diocesano: encarcelamientos, expulsiones, amenazas de muerte y daños en templos.

El sacerdote francés formaba parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación, la cual incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis.

A partir del levantamiento armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de la violencia que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con Chanteau, sumaron ocho los sacerdotes extranjeros -muchos de ellos con más de diez años de actividad pastoral en las zonas indígenas- que fueron expulsados de México, mientras que 15 curas abandonaron el país por presiones del gobierno mexicano.

El sacerdote belga Marcelo Rostaert, párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso detenido por cuerpos policiacos. El  22 de julio de 1990 fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal 578-B/990. El primero de agosto abandonó el país obligado por las autoridades migratorias.

A su vez, Joel Padrón González, párroco de Simojovel, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de septiembre de 1991. Sufrió cárcel en el antiguo penal estatal de Cerro Hueco, acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, también de conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.

El 10 de enero de 1995, el padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la población de Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas fueron hostigados y amenazados de muerte 20 días después.

El 10 de febrero del mismo año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el EZLN. Se le acusó de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo. Recupera su libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento alguno de prueba para demostrar que era responsable.

En esos días, el sacerdote Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que el edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió otras agresiones en febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.

Otros tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal -Rodolfo Izal Elorz (español), Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella (estadounidense)- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de participar en invasiones de tierras y ``organizar'' a los indígenas.

En marzo de 1996, los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos.

En el segundo semestre del mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio FM-3 a otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín Mnich, de Alemania, y Eduardo Machado, de India.



domingo, 13 de enero de 2019




De la igualdad de oportunidades a la transversalización
de la perspectiva de género 

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la tranversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: "Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros". El tema sobre equidad de género es la novedad que presenta el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y vario gobiernos, entre otros se encuentra el estado de Chiapas. Por la importancia que representa en la actual coyuntura, publicamos una investigación que se realizó hace dos años esperando que ayude en el análisis de las nuevas políticas sobre la equidad de género en el país.

Juan Balboa/Elva Narcía
Fotografía: Cuartoscuro

La igualdad de género se ha convertido en un indicador de cuán democrático es un sistema político, transformándose en una variable específica en este campo.
En general, la inclusión de la igualdad de género en las agendas de los partidos políticos ha pretendido la igualdad de oportunidades, la que viene a sustituir a la formal, y busca equiparar los factores sociales y culturales de las circunstancias de partida en un contexto de justicia distributiva.
Hablar de equidad y, más aun, de igualdad de género no sólo significa asumir un enfoque desde el cual enmarcar y potenciar el mejoramiento de la situación de las mujeres y, en particular, de su participación política y el acceso al poder.
                                                                              


En Chiapas son muchos los retos:
a. Lograr la igualdad entre la mujer y el hombre.
b. Abrir espacios políticos a las chiapanecas.
c. Consolidar una organización para fortalecer la democracia al interior de los partidos.
d. Continuar el trabajo político electoral para lograr que los partidos mantenga el camino hacia la recuperación de la democracia en Chiapas.
Hoy, sin duda,  vivimos una nueva etapa de mujeres haciendo política México y, desde luego, en Chiapas.
Se lo debemos a una iniciativa enviada al Senado de la República en octubre 2013, la iniciativa proponía modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, mediante el establecimiento de instrumentos eficaces para la integración de las mujeres a los cargos de elección popular.
Obliga a los partidos políticos a que la mitad de sus candidatos a diputados y senadores sean mujeres.
El Senado de la República aprobó las reformas el 4 de diciembre de 2013. Reformó el artículo 41 Constitucional para incorporar la paridad de género en candidaturas al poder legislativo federal y local. Con la votación unánime, la Cámara de Senadores elevó a rango constitucional la paridad de género.
En el primer trimestre del 2014, se aprobaron las leyes secundarias que dan vida legal a la paridad de género en los procesos político-electoral y hace justicia al sector femenil.
Se puede decir que la reforma político-electoral propuesta por el mandatario federal tiene una dimensión histórica, que se podría relacionar sólo con el derecho al voto femenino en 1953. El hecho hay que reconocerlo y honrarlo porque transformó la visión de la comunidad política del país.
Fue la reforma electoral de 2014 la que representó un gran avance en la lucha por la igualdad en las postulaciones de candidatos a puestos de elección popular. No tenemos duda sobre trascendencia de la paridad de candidaturas para hombres y mujeres, pues cambiará de forma drástica el escenario electoral.
La Reforma Política-Electoral representa un punto de inflexión entre la transición y la consolidación democrática de México. El conjunto de modificaciones constitucionales modifica la forma de hacer política en por lo menos 60 años.
Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia electoral fortalecen e incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local.
La Reforma en materia Político-Electoral es un paso gigantesco, al reconocer el papel central que deben tener las mujeres en la toma de decisiones de nuestro país.
Es vital que el nuevo gobierno de Chiapas trabaje sobre la equidad de género con una agenda política que reivindique los derechos de las mujeres chiapanecas, la cual proponga:
a.      Participación política como estrategia para el fortalecimiento de la identidad de las mujeres. El poderío personal y de género de las mujeres conduce a la autonomía de cada una y la autonomía, a su vez, es fundamental para establecer el poderío con equidad.
b.      Justicia como estrategia para la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de la sociedad igualitaria; defendiendo el goce de los derechos humanos, económicos y sociales de las mujeres, que le permitan la restitución de sus derechos y una vida digna.
Sólo con la garantía de igualdad en la participación de la mujer en el ámbito político, podremos avanzar hacia una democracia constitucional consolidada, por lo cual debemos tener un hábitat  propicio y equitativo para su fortalecimiento.
Así, la Reforma Constitucional nos abre la puerta para lograr una moderna institucionalidad política, una agenda social y una democracia de acuerdo a los nuevos tiempos que vive nuestra nación y nuestro estado.
El compromiso del gobierno de Chiapas es hacer una exhaustiva revisión y análisis de los procesos y avance en los planes y políticas de igualdad de género a la fecha, tomando como marco de apoyo las acciones que en materia de igualdad nos preceden a nivel estatal, federal e internacional.
La creación de un Observatorio Regional de Igualdad y la Auditoria de Igualdad Institucional semestral nos permitirán el seguimiento y la colocación de información en el sistema para detectar puntos de trabajo y fortalecer avances.
Crear un mapa de ruta camino a la igualdad de género que nos permita visibilizar los aspectos de mejora y la incidencia tanto en acciones para eliminar la discriminación y subordinación como en la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.
El reto para Chiapas en materia de igualdad demanda un compromiso permanente y transversal con los derechos humanos, es tema complejo y de diversas vertientes.
Nuestro compromiso es fortalecer la autonomía de las mujeres de Chiapas, apegándonos a la Agenda estatal, federal e internacional pero crearemos sinergia entre los planes de igualdad y las acciones de los estados vecinos, Tabasco y Oaxaca principalmente, de esa manera, podremos contar con más elementos para impulsar los planes de igualdad así como para implementar programas de prevención en materia de seguridad.
Estamos convencidas que sin igualdad no hay democracia ni vía de progreso para Chiapas y toda acción que la posibilite es una vía de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo. Es así que nuestro principal objetivo es la apertura de espacios que hasta hoy han estado cerrados para el sector femenil.
Para ello las acciones conjuntas se llevarán a las cabeceras municipales, desde donde serán constantemente verificados informes provenientes de las comunidades. El Observatorio Regional de la Igualdad de Género trabajará a la par como una fuente de información y estadística para cotejar avances y/o tomar medidas con las instituciones convenientes, prestando atención a los índices de género desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones hasta la puesta en marcha, buscando el impacto en las metas, los procesos a seguir y el financiamiento y distribución de recursos.
Lograremos un cambio sustantivo, palpable, medible en la operación de políticas de género y la implementación de programas. El gobierno de Chiapas tomará responsabilidad de estas estrategias.
Violencia política de género
Que el INE, TEPJF y FEPADE, en forma coordinada y en el ámbito de sus competencias, tomen acciones que sean efectivas para erradicar la VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES CANDIDATAS, como fomentar la denuncia, sancionar a las personas o entes que generan esa violencia.
Pero sobre todo, se deben restituir oportunamente los derechos político-electorales de las mujeres que son objeto de violencia política, cuando las agresiones que sufren tienen como finalidad que renuncien a seguir participando en los procesos internos de los partidos políticos para definir las candidaturas o renuncien a ser candidatas cuando ya han sido registradas ante las autoridades electorales, o bien, una vez electas se trate de impedir que tomen posesión de sus cargos de elección popular.

Con el fin de que los actos de violencia política contra las mujeres no se consumen y se haga nugatorio su derecho a participar en la vida pública.
La restitución de derechos político-electorales a mujeres que sufren violencia política podría hacerse a través de un juicio ciudadano (JDC) que resuelvan las Salas del TEPJF. Con independencia de otras vías, como la penal.
Ello, porque no basta que eventualmente se sancione a las personas que agreden a las mujeres que participan en la política. Lo importante es que los actos de violencia política contra las mujeres, no les impidan a éstas participar en las contiendas electorales ni asumir los cargos en los que resulten electas.
Que en los espacios noticiosos, se dé una cobertura más equitativa a las precandidaturas y candidaturas de las mujeres y hombres. Para que la ciudadanía conozca a las mujeres que participan, analicen sus propuestas y, eventualmente, apoyen con sus votos a las candidatas.
                                                            




Solicitar a la UTF que en cada reporte trimestral de los partidos políticos, se haga un corte de información para conocer en que rubros se está aplicando el porcentaje o monto destinado a la capacitación y liderazgo político de las mujeres.
Realizar un estudio para conocer cuántas legisladoras federales electas en 2015, antes de ser postuladas como candidatas recibieron algún tipo de capacitación, para medir la efectividad del 3% de los recursos destinados a la capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres.
OPLES se sume a la Campaña de ONUMUJERES
Es importante que en próximas elecciones se continúe con la plataforma del INE denominada “¡Candidatas y candidatos: conócelos!”, y se le dé mayor difusión a través de promocionales del propio INE.
Se debe proponer a los OPLE que reproduzcan esta plataforma en las elecciones locales y municipales, porque es una herramienta eficaz para que la ciudadanía conozca las candidaturas de mujeres y hombres. Principalmente el respeto a los derechos políticos de las mujeres y su participación política sin miedo, sin temor y sin violencia.
Lograr cambio cultural para generar mejores condiciones de vida para todos (Niñas y niños, mujeres y hombres) sin ningún tipo de discriminación.
Autonomía Económica de las Mujeres
En un escenario económico cambiante en donde la franja de pobreza y carencia de oportunidad ha relegado a la mujer rural, indígena –que es triplemente discriminada por ser mujer, pobre e indígena- y la mujer trabajadora en el estado; el silencio y la invisibilidad dejarán de ser los que marquen pauta con respecto a los ingresos de las mujeres y el acceso al mundo laboral con todas las garantías.
La ruptura del techo de cristal permitirá avanzar deshaciendo los bloques de desigualdad. No más cultura de privilegios y de jerarquización que genera relaciones desiguales de poder. La formación cultural será insertada en áreas comunitarias, porque la igualdad debe aprenderse cuando usos y costumbres son los principales generadores de la brecha desigual.
 El progreso y la inserción de la mujer en actividades productivas y empresariales, la redistribución y el crecimiento en el estado será ampliamente analizado. Aún persisten desigualdades considerables en el acceso a la protección social por tipo de empleo y nivel de ingreso, así como región en que se labora. Se dará continuidad a los programas de probada y eficaz funcionalidad y se reinsertarán aquellos que den cobertura con un buen nivel redistributivo.
La autonomía económica y el crecimiento irán de la mano con los retos de generar protección en la puesta en marcha de políticas sociales. Se avanzará a la par proponiendo nuevas soluciones que permitan avanzar a prestaciones universales, la formalización laboral y el desarrollo de operaciones que aumenten las prestaciones y contribuciones de la seguridad social.
Tras el aumento de la participación de la mujer en actividades económicas y productivas en los últimos años en el estado, conocemos la gran importancia de la contribución de la mujer al desarrollo, pero son las mujeres de Chiapas quienes nos indican que existen fuertes brechas de desigualdad como rezago, desempleo, remuneración inferior, excesiva responsabilidad al hacerse cargo de toda la familia y de las labores domésticas.
Desigualdad, un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento
La brecha y el rezago social que sufre hoy Chiapas ha tenido un impacto negativo en la productividad, la sostenibilidad integral; la desigualdad impide el crecimiento y desarrollo.
Las políticas que favorecen la igualdad generan un sistema económico proclive al aumento de productividad, protección ambiental, culturización e innovación.
Avanzaremos hacia un nuevo estilo de desarrollo que le permita a Chiapas ingresar a una rueda de crecimiento, igualdad y sostenibilidad, afianzando bases para generaciones presentes y futuras.
Es así que los cambios serán estructurales con total enfoque de género e igualdad en las políticas del gobierno de Chiapas, con una visión integradora del desarrollo y hacia un futuro que vislumbre la igualdad como puerta para el desarrollo sostenible.
Ante el reto de la desigualdad reafirmaremos como eje de la política de desarrollo la creación de bienes y servicios con perspectiva de igualdad, hacia comunidades no segregadas, hacia el avance de la tecnología, de la economía y de la energía.
Derechos de las mujeres e igualdad de género en la democracia y desarrollo social
La incorporación del enfoque de género en las agendas públicas municipales y estatales, así como el compromiso de seguimiento a sus puntos, garantizará una agenda estatal inclusiva, igualitaria con participación tomando en cuenta la interseccionalidad y                                                                       territorialidad, el trabajo conjunto con gobiernos municipales, asociaciones en pro de la igualdad, universidades, secretarias estatales.
La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas de Chiapas, el derecho a una entidad federativa libre de violencia en donde el ejercicio de igualdad sea hegemónico. Es la perspectiva de género de este plan de gobierno.
La igualdad es bienestar  y el objetivo de la transversalidad es la transformación en la operación de herramientas y políticas públicas, sobre todo, los procesos de ejecución de dichas políticas.
En Chiapas pondremos en marcha acciones en dos vías: la de los procedimientos de trabajo y en la cultura organizacional. Será una articulación activa de todas las parte
Diagnóstico o a modo de conclusión  
Procurar la participación política en todas las áreas de desarrollo de las mujeres es un objetivo internacional y nacional. En Chiapas, se ha trabajado arduamente para transformar plataformas políticas y legales en puertas de igualdad.
No se ha logrado aún el cometido de erradicar la desigualdad, la seguridad social y laboral, el acceso a la salud y a la educación. Trabajaremos de tiempo completo, para crear los mecanismos que permitan a la mujer empoderarse en igualdad y justicia.
  Seguiremos incluyendo a todos los actores del gobierno, transversalizando; pues fortalecer y encontrar vías alternas para erradicar la violencia en todas sus vertientes es una prioridad.
Queremos un Chiapas en donde las mujeres se sepan seguras y en casa y no anden con cuidado sabiendo que en cualquier momento pueden sufrir una agresión.
Chiapas apunta un 32.7% de violencia psicológica y emocional no atendida y que encausará en violencia o agresión física en el 40% de los casos (Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados) (CELIG); el 65.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión, mientras que en un 43.9 por ciento los causantes son sus esposos o parejas, sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la violencia se presenta en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que incluyen también a familiares y desconocidos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (Inegi).
La violencia sistematizada al que están expuestas las mujeres de Chiapas en todas las etapas de su vida y en la gran mayoría de los casos no generando denuncia, eleva significativamente el nivel de violencia emocional y psicológica al que se ven expuestas, callando, aguantando.
El monitoreo municipal y la constante auditoria de prácticas de igualdad a los mismos, el movimiento de salud emocional a municipios y principales cabeceras y el acceso a transporte y a los servicios para que las mujeres que viven en zonas alejadas, se acerquen, será un hecho a realizar durante el nuevo gobierno.
La contribución y participación igualitaria de la mujer en la toma de acuerdos y en la política es la única forma de erradicar la desigualdad. Mujeres y hombres en funciones y desde los 3 poderes, impulsarán la inclusión y la visión con perspectiva de género.
La invitación de este accionar procede de la visión con perspectiva del ejecutivo que irá abarcando y avanzando; 50% 50% de participación social y política convencida y sin manipulaciones. Pero además buscaremos la equidad en esos porcentajes, porque 50% 50% debe darse en mandos directivos y en las candidaturas, no solo en medios y en las bases.
El desarrollo igualitario en Chiapas avanzará y trabajara día con día para la eliminación de todas las formas de violencia y las desigualdades en todos los niveles, buscamos crear ciudadanía sensible y sustantiva y motivar la participación de las mujeres en las estructuras del gobierno estatal.
Se seguirá fortaleciendo y redireccionando las acciones de los 122 consejos municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, llevando formación y capacitación, medidas y campañas preventivas. Lo iniciado será evaluado en cuanto a resultados para después adecuar a estos tiempos.
El apego a los 6 Ejes del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto Para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México seguirá transversalizando y logrando la transformación de la práctica y cultura institucional.
Desde el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la supervisión de estas acciones a nivel interno y externo, permitirán a Chiapas el desarrollo que el México de la transformación merece.
 Agenda por la Igualdad Sustantiva
I. Paridad en la legislatura.
Bancadas de Mujeres (transversal, multipartidaria e interseccional) (inclusión de diferentes diversidades étnicas, sociales, sexuales, funcionales y corporales)
Comisiones Paritarias: Mitad de las Comisiones presididas por mujeres; coordinadoras de fracciones partidistas mujeres y al menos dos mujeres en los órganos de dirección de las Comisiones)
Órganos de Dirección Paritarios de las fracciones chiapanecas en el Congreso de la Unión, el Congreso Estatal y Regidurías.  
II. Paridad en la administración pública
Instituciones públicas generizadas, integradas paritariamente, con equilibrio de género en las posiciones de toma de decisión (con horarios flexibles para conciliar la vida familiar con la personal)
 Paridad en el nombramiento de altos mandos en poder ejecutivo, judicial y de órganos autónomos.
III. Agenda Legislativa para la Igualdad Sustantiva
Presupuestos públicos etiquetados con perspectiva de género y, en su caso, evaluación y la trasversalización de todo el presupuesto con perspectiva de género. or la Igualdad Sustantiva
III.1.  Cambios culturales
Medidas para garantizar el cuidado, promoviendo la conciliación de la vida profesional y familiar obligatorias para ambos géneros (para quitar la idea de que el cuidado es sólo femenino);
Educación sin roles ni estereotipos de género y fortalecimiento de la educación integral desde la infancia sobre derechos sexuales y reproductivos;
Aborto legal, gratuito y a través del sistema público;
Acciones concretas para que medios de comunicación realicen coberturas sin estereotipos de género y de manera igualitaria entre hombres y mujeres;
Acceso pleno de las mujeres y las niñas a la educación y a la justicia, para que ésta sea expedita, efectiva y con perspectiva de derechos humanos y de género;
Acceso a la educación, a la justicia y a la tierra para las mujeres indígenas
Revisar la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores para garantizar su atención integral, derecho al desarrollo, acceso a servicios de calidad, políticas de cuidado y defensa frente a la violencia.
III.2. Economía y trabajo
Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres;
Mujeres indígenas deben ser dueñas de las tierras en las que trabajan:
Empoderamiento económico de las mujeres;
Ratificación por parte de México del Convenio 189 de la OIT.
III.3. Eliminación de discriminación interseccional y transversalidad de la perspectiva de género
Eliminar los preceptos discriminatorios en materia civil y penal; protección legal contra la discriminación y políticas de inclusión por orientación sexual e identidad de género, como matrimonio igualitario y rectificación de documentos de identidad de personas transgénero, homosexuales, travestis, lesbianas, gay, bisexuales, y transexuales y la intersexualidad a través de trámites administrativos y gratuitos.
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales de la comunidad LGBTTTI.
III.4. Vida Libre de Violencia
Garantizar vida libre de violencia -ley de violencia política de género-; revisar la ALGMVLV de manera específica sobre la figura de la alerta de género, sobre la necesidad de que la ley tenga presupuesto propio que la haga operativa;
Tipificación de los feminicidios: homologación con el tipo penal y eliminación de la temporalidad a las órdenes de protección; aumentar penas en materia de acoso y hostigamiento sexual y violencia intrafamiliar;
Creación de defensorías jurídicas gratuitas para las mujeres políticas para poder defenderse de la violencia. (Jubacu/ENC)