Ocho años sin “jtatik” Samuel Ruiz García
Cada año le hacemos un homenaje al “jtatik” (padre en
lengua tseltal) que consolidó una pastoral cercana a los pobres y marginados,
además de construir – junto con teólogos y obispos de Brasil, Perú, Bolivia,
México… la teología de la liberación. Don Samuel cumple hoy jueves (24 de enero
de 2019) ocho años de su muerte. Publicamos un texto –redactado hace ocho años-
en su memoria y como admiración a su trabajo pastoral.
Juan Balboa
San Cristóbal de Las
Casas , Chiapas.-“Jtatic Samuel, hoy aquellos que quisieron matarte ahora dicen
que estuvieron al lado tuyo; Señor Padre, todos los que te quisieron hacerte
daño dicen que son amigos tuyos. Que mentirosos.
“¡Queremos iglesia al
lado de los pobres”.
Quien gritaba por el
micrófono frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas era el párroco de
la Iglesia del Cristo Negro de Tila, Heriberto Cruz Vera, el sacerdote que
estuvo en su lecho de muerte el 24 de enero de 2011 en el Distrito Federal,
ahora Ciudad de México, y animador de la misa masiva que se realizó un día
después frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, conocida
mundialmente como la Catedral de la Paz.
Y las palabra del
párroco Heriberto Cruz Vera, uno de los discípulos del obispo Samuel, iba
dirigido a varios de los hombres de poder y dinero de San Cristóbal de las
Casas, conocidos como auténticos coletos, a los políticos que sin recato
visitaron su féretro expuesto en la parte central de la Catedral.
Eran palabras que
parecían bombas para los partidos políticos, sin excepción, que expresaron su
“pesar por la muerte del obispo de los pobres”, cuando ellos mismos lo
atacaron; al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero que sin ninguna
relación negoció con el entonces obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi,
estar presente en todos los actos íntimos (hasta cargar el ataúd) del obispo;
y, desde luego, a los medios de comunicación, en particular a los de Chipas,
que desplegaron sus primeras planas y sus flachazos informativos dando la buena
nueva de que un “obispo bueno” había fallecido.
La corriente que aún
se mantiene vigente en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
apareció con una nueva redacción –ha tenido varias- en sus comunicados y
recordó la campaña de violencia y agresión que sufrió el obispo emérito de San
Cristóbal de las Casas por parte de los gobernadores, empezando por el papá del
que ahora tiene la embestidura de mandatario.
“…Lo que los gobiernos
olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en
la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
“Don Samuel Ruiz
García y su equipo no sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y
dignidad para los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su
vida, libertad y bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder
político.
“Incluso desde mucho
antes de nuestro alzamiento en 1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el
hostigamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Federal y de los gobiernos
estatales en turno.
“Al menos desde Juan
Sabines Gutiérrez (recordado por la masacre de Wolonchan en 1980) y pasando por
el General Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio González Garrido, Elmar
Setzer M., Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro (uno de los autores
de la matanza de Acteal en 1997) y Roberto Albores Guillén (más conocido como
“el croquetas”), los gobernadores de Chiapas hostigaron a quienes en la
diócesis de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al manejo del Estado como
si fuera una hacienda porfirista”, señala el comunicado zapatista.
La diócesis de San
Cristóbal de Las Casas fue agredida sistemáticamente desde el gobierno de Juan
Sabines Gutiérrez, agresión que se agudizó con el gobierno de Absalón
Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido.
Con este último,
Patrocinio, la iglesia católica sufrió
atentados y cierres de templos.
Los templos ubicados
en los municipios de Tila y Sabanilla, en la región de la zona norte del
estado, fueron las más afectados por la violencia que en contra la Iglesia
desato el gobierno del estado y federal a través del grupo paramilitar priista
“Paz y Justicia”.
En Tila, la
organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) profano los templos
de las comunidades de Corosil, reconstruido después por la propia comunidad;
Huanal, también reconstruida por los pobladores; Jolniextié, y Libertad
Jolniextié. Seis más fueron cerrados aún con la oposición de los católicos:
Miguel Alemán, El Limar, Panwits, Crucero, Masoj Grande y Pastatal.
El atrio de la iglesia
de El Limar, poblado considerado el principal centro de operaciones de Paz y
Justicia en el municipio de Tila, fue ocupado durante meses por el Ejército
mexicano y la Policía de Seguridad Pública del Estado.
En el municipio de
Sabanilla, las comunidades choles de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de
Noviembre, Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados a fines
de los años noventa.
Los municipios de
Huixtán y Chenalhó siguieron en la lista con el mayor número de parroquias
afectadas por la violencia. En el primero, destaca la iglesia de la comunidad
de San Fernando, que fue cerrada para todos los católicos y se prohibió asistir
a la eucaristía bajo la amenaza de cárcel.
En la comunidad de
Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, fue cercado con alambre la casa de los
catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes
municipales priistas del municipio de Chenalhó, para que el sacerdote sustituto
del cura francés Michel Henri Jean Chante -expulsado en el 1998, después de 32
años de ser el sacerdote en el municipio de Chenalhó- tomará posesión.
Pero la saña del
gobierno federal fue contra los
sacerdotes extranjero. La aresiones contra la diócesis de San Cristóbal de las
Casas se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a nivel
federal, y de Patrocinio González Garrido, en el estado, pero se agudizaron
tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero
de 1994.
En 1998, Michel Henri
Jean Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después
de que el gobierno mexicano le negara la regularización de sus documentos
migratorios.
Michel Chanteau, quien
había cumplido 33 años de ser párroco en Chenalhó, engrosó a la lista de
agresiones en contra del gobierno diocesano: encarcelamientos, expulsiones,
amenazas de muerte y daños en templos.
El sacerdote francés
formaba parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación,
la cual incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis.
A partir del
levantamiento armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de
la violencia que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con Chanteau, sumaron
ocho los sacerdotes extranjeros -muchos de ellos con más de diez años de
actividad pastoral en las zonas indígenas- que fueron expulsados de México,
mientras que 15 curas abandonaron el país por presiones del gobierno mexicano.
El sacerdote belga
Marcelo Rostaert, párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso
detenido por cuerpos policiacos. El 22
de julio de 1990 fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones
de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal
578-B/990. El primero de agosto abandonó el país obligado por las autoridades
migratorias.
A su vez, Joel Padrón
González, párroco de Simojovel, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de
septiembre de 1991. Sufrió cárcel en el antiguo penal estatal de Cerro Hueco,
acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, también de
conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta
pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.
El 10 de enero de
1995, el padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la
población de Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas
fueron hostigados y amenazados de muerte 20 días después.
El 10 de febrero del
mismo año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de
Intermediación (Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el EZLN. Se le
acusó de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo.
Recupera su libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento
alguno de prueba para demostrar que era responsable.
En esos días, el
sacerdote Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que
el edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió otras agresiones
en febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a
frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.
Otros tres sacerdotes
extranjeros de la diócesis de San Cristóbal -Rodolfo Izal Elorz (español),
Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella
(estadounidense)- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de
participar en invasiones de tierras y ``organizar'' a los indígenas.
En marzo de 1996, los
sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales
fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad
Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una
emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos.
En el segundo semestre
del mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio
FM-3 a otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín
Mnich, de Alemania, y Eduardo Machado, de India.
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