Entre fronteras: El agandalle de las empresas extranjeras en el sector energético

Entre fronteras: El agandalle de las empresas extranjeras en el sector energético

Juan Balboa

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó sobre el fortalecimiento del sector eléctrico para producir más energía, promover una real competencia y que no se favorezca a particulares o extranjeros en detrimento de las empresas públicas.

Informó los puntos nodales de la política de fortalecimiento de la industria eléctrica pública nacional. No lo mencionó, pero el documento hace gala de la importancia de las energías renovables como la eólica.

Ante la crisis de fuentes de energías no renovables en la actualidad, la tendencia mundial señala un incremento en el tamaño individual de los parques eólicos, tanto marinos como terrestres, por lo que las iniciativas más prometedoras consisten en la exportación de la energía proveniente de proyectos principalmente eólicos.

Desde hace varios años la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha sido identificado como un lugar estratégico para la generación de energía eólica.

Para la Asociación de Energía Eólica de México (AMDEE), el país tiene un potencial eólico en partes del territorio, como La Rumorosa, en el norte de Baja California; en Oaxaca; Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco y Zacatecas.

México pretende convertirse en centro de excelencia en energía limpia, suplantando el monopolio de la electricidad y el alto costo de la producción de combustibles fósiles.

La promoción de las energías renovables reduce el riesgo de volatilidad de los precios de los combustibles en la generación de electricidad y contribuye a la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI) en el sector, como se indica en la Ley General de Cambio Climático.

El objetivo para 2030, es que el 35% de la energía que se consuma en México proviene de fuentes renovables.

El plan del gobierno federal se inicia en 1986 cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala estaciones anemométricas en el Istmo de Tehuantepec, se genera interés en la región y se realizan diferentes evaluaciones del potencial eólico en la región istmeña, tanto por la CFE como por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, National Renewable Energy Laboratory (NREL), este último a petición del Gobierno del estado de Oaxaca y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 1994, la CFE logró realizar la construcción del primer proyecto experimental de energía eólica, La Venta I, de 1,575 megawatts de capacidad que se ubicó en el poblado de La Venta, agencia municipal de Juchitán, Oaxaca.

Poco después aparecen inversores de las empresas extranjeras: la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana Fondo de Infraestructura MacQuaire, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona Energía, Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS.

Así como las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, CFE, Energías Renovables,  Eléctrica del Valle de México,  Gamesa Energía, Energías Ambientales de Oaxaca y Demex.

Actualmente existen dos proyectos en marcha; Bii Hioxo y Binizza, al sur de Juchitán, Oaxaca. La CFE tiene proyectado cuatro parques  que denominarán  Sureste III, Sureste IV, Sureste V y Sureste VI, además de una nueva subestación.

Siete empresas más están interesadas en construir otros parques en la región. Los que ya anunciaron su incursión son Alstom, Grupo Industrial  Francés,  la española Renovalia Energy y el Fondo de Inversión First Reserve (FREIF I) e Iberdrola, todo para los próximos tres años.

En tanto  Renovalia Energy anunció  la expansión de su empresa conjunta Renovalia Reserve con la incorporación de dos plantas de energía eólica en el istmo. Iberdrola  construirá otro parque  y ampliará el complejo que ya tiene. La empresa  prevé destinar 40 millones de dólares para ampliar la capacidad de producción de Parques Ecológicos de México, la cual pasará de 83 a 103 megavatios.

Finalmente está el “Parque eólico Sedena”  que se ubica en   la Base Aérea Militar no. 2 en  ciudad Ixtepec, Oaxaca. La capacidad instalada  será de 15 MW.

Las empresas nacionales como extranjeras se han expandido hasta el municipio de Arriaga, una población que pertenece al estado de Chiapas, pero forma parte del corredor que conecta al Istmo de Tehuantepec.

Actualmente existen ahí 16 aerogeneradores de la empresa del grupo Salinas. Existen pláticas con pequeños propietarios y ejidatarios de Punta Flor, municipio de Arriaga, para instalar por lo menos cuatro parques eólicos en los próximos tres años.

La presencia de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha generado un movimiento opositor dentro de un sector de la población.

Esta oposición de organizaciones civiles e indígenas de comunidades y colonias de Juchitán de Zaragoza, y de la zona de las lagunas como San Francisco y San Dionisio del Mar sobre los proyectos eólicos deriva principalmente de la imposición de proyectos sin consultar a la población, la incertidumbre de sus propiedades frente al capital extranjero, los contratos leoninos, el nulo beneficio para la población que no es dueña de tierra y los problemas ambientales.

La polarización que se ha suscitado en los últimos once años a la instalación de los parques eólicos y el clima existente no se ha hecho propicio para que los gobiernos federal, estatal y municipal tengan una comunicación directa con los habitantes de los poblados que conviven a diario con los aerogeneradores.

La mayor problemática en los poblados del Istmo de Tehuantepec, incluido Juchitán de Zaragoza,  con las empresas eólicas no sólo se limita a pagar una renta por el terreno en donde instalan los aerogeneradores, reclaman que no hay un beneficio hacia la población con obras sociales.

                                                                                                                    

En primer lugar se encuentra el conflicto de la tierra. Los grupos opositores se oponen al cambio del uso del suelo de las tierras – ya sea colectiva o privada- que solicitan las empresas arrendadoras.

Decenas de campesinos se han convertido en rentistas y reciben diferentes montos por el arrendamiento de sus tierras.

Esto ha provocado demandas de nulidad de contratos de arrendamiento de tierras ante el juzgado civil de Juchitán, Oaxaca, por parte de organizaciones sociales y medioambientalistas que representan a los ejidatarios inconformes.

Existe la percepción entre las comunidades indígenas y los agricultores involucrados en relación con los proyectos que pueden modificar el entorno natural y perjudicar su uso y el acceso a la producción de alimentos.

En pocas palabras: Son tierras improductivas.