Entre
fronteras: El agandalle de las empresas extranjeras en el sector energético
Juan Balboa
El presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador informó sobre el fortalecimiento del
sector eléctrico para producir más energía, promover una real competencia y que
no se favorezca a particulares o extranjeros en detrimento de las empresas
públicas.
Informó los puntos
nodales de la política de fortalecimiento de la industria eléctrica pública
nacional. No lo mencionó, pero el documento hace gala de la importancia de las
energías renovables como la eólica.
Ante la crisis de fuentes de energías no
renovables en la actualidad, la tendencia mundial señala un incremento en el
tamaño individual de los parques eólicos, tanto marinos como terrestres, por lo
que las iniciativas más prometedoras consisten en la exportación de la energía
proveniente de proyectos principalmente eólicos.
Desde hace varios años la región del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, ha sido identificado como un lugar estratégico para la
generación de energía eólica.
Para la Asociación de Energía Eólica de México
(AMDEE), el país tiene un potencial eólico en partes del territorio, como La
Rumorosa, en el norte de Baja California; en Oaxaca; Tamaulipas, Quintana Roo,
Jalisco y Zacatecas.
México pretende convertirse en centro de
excelencia en energía limpia, suplantando el monopolio de la electricidad y el
alto costo de la producción de combustibles fósiles.
La promoción de las energías renovables reduce el
riesgo de volatilidad de los precios de los combustibles en la generación de
electricidad y contribuye a la mitigación de los gases de efecto invernadero
(GEI) en el sector, como se indica en la Ley General de Cambio Climático.
El objetivo para 2030, es que el 35% de la energía
que se consuma en México proviene de fuentes renovables.
El plan del gobierno federal se inicia en 1986
cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala estaciones
anemométricas en el Istmo de Tehuantepec, se genera interés en la región y se realizan
diferentes evaluaciones del potencial eólico en la región istmeña, tanto por la
CFE como por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados
Unidos, National Renewable Energy Laboratory (NREL), este último a petición del
Gobierno del estado de Oaxaca y financiado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 1994, la CFE logró realizar la construcción del
primer proyecto experimental de energía eólica, La Venta I, de 1,575 megawatts
de capacidad que se ubicó en el poblado de La Venta, agencia municipal de
Juchitán, Oaxaca.
Poco después aparecen inversores de las empresas extranjeras:
la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana Fondo de Infraestructura
MacQuaire, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola,
Gamesa, Acciona Energía, Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS.
Así como las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y
Grupo Salinas, CFE, Energías Renovables,
Eléctrica del Valle de México,
Gamesa Energía, Energías Ambientales de Oaxaca y Demex.
Actualmente existen dos proyectos en marcha; Bii
Hioxo y Binizza, al sur de Juchitán, Oaxaca. La CFE tiene proyectado cuatro
parques que denominarán Sureste III, Sureste IV, Sureste V y Sureste
VI, además de una nueva subestación.
Siete empresas más están interesadas en construir
otros parques en la región. Los que ya anunciaron su incursión son Alstom, Grupo
Industrial Francés, la española Renovalia Energy y el Fondo de Inversión
First Reserve (FREIF I) e Iberdrola, todo para los próximos tres años.
En tanto
Renovalia Energy anunció la
expansión de su empresa conjunta Renovalia Reserve con la incorporación de dos
plantas de energía eólica en el istmo. Iberdrola construirá otro parque y ampliará el complejo que ya tiene. La empresa prevé destinar 40 millones de dólares para
ampliar la capacidad de producción de Parques Ecológicos de México, la cual
pasará de 83 a 103 megavatios.
Finalmente está el “Parque eólico Sedena” que se ubica en la Base Aérea Militar no. 2 en ciudad Ixtepec, Oaxaca. La capacidad
instalada será de 15 MW.
Las empresas nacionales como extranjeras se han
expandido hasta el municipio de Arriaga, una población que pertenece al estado
de Chiapas, pero forma parte del corredor que conecta al Istmo de Tehuantepec.
Actualmente existen ahí 16 aerogeneradores de la
empresa del grupo Salinas. Existen pláticas con pequeños propietarios y
ejidatarios de Punta Flor, municipio de Arriaga, para instalar por lo menos
cuatro parques eólicos en los próximos tres años.
La presencia de los parques eólicos en el Istmo de
Tehuantepec ha generado un movimiento opositor dentro de un sector de la
población.
Esta oposición de organizaciones civiles e
indígenas de comunidades y colonias de Juchitán de Zaragoza, y de la zona de
las lagunas como San Francisco y San Dionisio del Mar sobre los proyectos
eólicos deriva principalmente de la imposición de proyectos sin consultar a la
población, la incertidumbre de sus propiedades frente al capital extranjero, los
contratos leoninos, el nulo beneficio para la población que no es dueña de
tierra y los problemas ambientales.
La polarización que se ha suscitado en los últimos
once años a la instalación de los parques eólicos y el clima existente no se ha
hecho propicio para que los gobiernos federal, estatal y municipal tengan una comunicación
directa con los habitantes de los poblados que conviven a diario con los
aerogeneradores.
La mayor problemática en los poblados del Istmo de
Tehuantepec, incluido Juchitán de Zaragoza,
con las empresas eólicas no sólo se limita a pagar una renta por el
terreno en donde instalan los aerogeneradores, reclaman que no hay un beneficio
hacia la población con obras sociales.
En primer lugar se encuentra el conflicto de la
tierra. Los grupos opositores se oponen al cambio del uso del suelo de las
tierras – ya sea colectiva o privada- que solicitan las empresas arrendadoras.
Decenas de campesinos se han convertido en
rentistas y reciben diferentes montos por el arrendamiento de sus tierras.
Esto ha provocado demandas de nulidad de contratos
de arrendamiento de tierras ante el juzgado civil de Juchitán, Oaxaca, por
parte de organizaciones sociales y medioambientalistas que representan a los
ejidatarios inconformes.
Existe la percepción entre las comunidades
indígenas y los agricultores involucrados en relación con los proyectos que
pueden modificar el entorno natural y perjudicar su uso y el acceso a la
producción de alimentos.
En pocas palabras: Son tierras improductivas.
