Juan Balboa
Hace dos días, el vocero de la Presidencia de la República,
Jesús Ramírez, hizo público cómo y a quienes se les daba publicidad en el
gobierno de Enrique Peña Nieto. En especial habló ampliamente de columnistas: “Los
15 columnistas recibieron dinero hasta como ´asesores de imagen´. El vocero del
presidente López Obrador aseguró que 15 columnistas cobraron de manera
individual cientos de millones de pesos. Señaló que los pagos no sólo fueron
por “publicidad”, sino por “asesorías de imagen” y “menciones” favorables al
gobierno peñista en columnas y noticieros, entre otros servicios. Asegura
contar con los contratos que avalan sus dichos pero reconoce que los registros
están incompletos, pues muchos pagos se hicieron sin que mediara documento
alguno. “Yo tengo listas de esos periodistas, columnistas”, insistió Jesús Ramírez Cuevas. Comparto con ustedes una
investigación sobre el tema coordinado por la periodista Elva Narcia y que fue
redactado hace unos cinco años.
La asignación opaca y
arbitraria de la publicidad oficial a los medios de comunicación en México
Sin reglas claras y precisas, con una total opacidad, falta
de criterios, nula transparencia y el gran vacío de leyes y legislaciones, la
asignación millonaria de una publicidad oficial en los gobiernos federal,
estatal y municipal –en promedio llega a más de 12 mil millones de pesos
mexicanos (905 millones de dólares) cada año– se ha convertido en la
herramienta más común para ejercer la censura indirecta, el control mediático y
la agenda política en México.
Organismos nacionales e internacionales, investigadores y
periodistas vinculados con el estudio de las relaciones entre el poder y los
medios de comunicación en México coinciden en que la asignación de la
publicidad oficial es “un medio de influencia” e incluso chantaje a dueños de
empresas y periodistas.
El panorama de los medios en México, destacan los estudiosos
de la relaciones entre el gobierno y los medios, se caracteriza por: una
ausencia de pluralismo y de transparencia, un alto nivel de concentración, el
predominio de la radio y la televisión, un servicio público débil, una gran
cantidad de periódicos con baja lectoría y un acceso limitado a Internet,
Sebastián Aguirre, de Artículo 19 para México y
Centroamérica, deja en claro que los gobiernos federal y estatal utilizan la
publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de
comunicación y empujar agendas partidistas.
No hay transparencia, precisa, para seleccionar los medios y
la publicidad que se va a usar. La publicidad oficial no es utilizada, muchas
ocasiones, para campañas de servicio social –vacunación, educación, cultura,
etcétera–; son más bien, dice, para promover la imagen pública de los
funcionarios federales o gobernadores, explica el activista de Artículo 19 en
entrevista.
El coordinador del programa de protección a periodistas de la
Casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández, lamenta que la
concentración y el acaparamiento de la publicidad en los medios de comunicación
en México “haya llegado a extremos gigantes”
y es un “verdadero problema en el país”.
“El pastel de la publicidad se lo reparten entre las dos
televisoras, Televisa y TV Azteca. Televisa tiene un área de impresos
poderosísima. Ellos venden en paquete la publicidad, no sólo para sus canales
de televisión (incluyendo el 2), también para sus impresos de la farándula como
TV y Novelas, revistas del corazón como Caras o femeninas, entre ellas
Vanidades y Cosmopolitan en español.”
La Editorial Televisa publica más de 186 títulos de revistas
y distribuye, por medio de Internet, en más de 80 mil puntos de venta en México
y Latinoamérica. De acuerdo con información publicada en su portal
www.televisa.com/empresas-del-grupo/245029/editorial-televisa/, la empresa
tiene convenios de licencia o sociedad con algunas de las más prestigiosas
editoriales de la América Latina.
Lo que sí hemos confirmado en los estados, explica el
activista de la Casa de los Derechos del Periodistas, es que las direcciones de
comunicación social tienen la misma estrategia y el porcentaje de publicidad de
la federación y la capital mexicana. El 50 por ciento, más o menos, se va para
estas dos grandes cadenas de televisión y sus revistas del corazón, espectáculo
y femeninas.
Justina Cupay, investigadora del área de transparencia y
rendición de cuentas del Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.,
considera que México no puede llegar a tener éxito en la democratización de su
panorama de los medios sin abordar la multimillonaria asignación arbitraria de
la publicidad oficial que limita el pluralismo, la libertad de expresión y el
acceso a la información.
Darío Ramírez, director de la oficina para México y
Centroamérica de Artículo 19, señala que la falta de criterios para la
asignación de la publicidad oficial influye fuertemente en la información que
los medios mexicanos proporcionan y distorsiona el debate público.
Para el periodista Gerardo Albarrán, director de Sala de
Prensa, el manejo discrecional y patrimonialista de la publicidad se traduce en
un mecanismo de premio y castigo, “es una forma de control en la que no existe
una legislación que la regule y obligue al gobierno a hacer un uso
transparente.”
El catedrático y periodista Francisco Vidal, autor del libro
Dueños del Cuarto Poder, calificó como “promiscuidad absoluta” la relación de
los medios con la autoridad. Los medios, dice, hablan con el poder, su principal
relación de amasiato es con el poder.
“Es una relación totalmente correspondiente porque el poder
galantea y pervierte a los medios. Es una relación pervertida en los tres
niveles de gobierno. Se refleja en el desprecio del pueblo con los medios, la
caída de la circulación es terrible. Todos los medios impresos están sufriendo
por la falta de lectores, es una relación pervertida”, subraya.
Roberto Rock, ex director del periódico El Universal y actual
director del portal La Silla Rota, coincide en que no hay reglas claras entre
el poder y los medios. No se conoce las fronteras o estándares del flujo del
dinero público.
Y explica: “Seguimos en una confusión, hay poca información
por parte de ambos actores –poder y empresas periodísticas– y muy poco interés
para que se modifique. No tenemos un sistema de transparencia de la publicidad,
hay muchas vías de compras de medios, por decirlo así, por medio de la
publicidad; hay mucha publicidad en efectivo –chayo o embute, así se conoce a
la corrupción en los medios periodísticos de México– para directivos que no se
contabiliza. Todo esto es una especie como de ecosistema que favorece la
opacidad y la sujeción de los medios hacia el poder político con algunas áreas
luminosas.”
Andrea Merlos, ex reportera de la fuente de la Cámara de
Diputados del periódico Reforma y actualmente editora del portal La Silla Rota,
recuerda que la transición política de los años noventa abrió el camino a la
diversificación de los medios pero no acabó con la danza de los millones que
legisladores dan a periodistas o empresas.
“Cubrí como reportera la Cámara de Diputados cuando el PRI
perdió la mayoría. Ese tema hizo que la competencia periodística empezara a ser
real. La Cámara es la danza de los millones, existe una gran opacidad, los
políticos buscan a los reporteros para que los mencionen en sus medios. Los
camarógrafos hacen negocios con un simple paneo (movimientos de la cámara sin
desplazarse de lugar), los diputados les pagan sólo por que aparezcan en el
paneo. Cierto que los sueldos son bajos.”
Aleada Calleja, ex presidenta de la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información (Amedo) y de la Asociación Civil Comunicación
Comunitaria, se refiere en un ensayo a la perversa relación que se establece
entre el poder político y los medios con la publicidad oficial. Quien sale
perdiendo, asegura, es la ciudadanía, pero poco importa a los partidos políticos
que se benefician de la falta de reglas en este rubro, de ahí su inacción para
legislar en la materia.
DESIERTO LEGISLATIVO
Legislaciones y reglamentaciones actuales a nivel federal y
en los estados no garantizan una asignación transparente de la publicidad
oficial. El marco legal no establece procedimientos públicos, competitivos,
abiertos y transparentes para su asignación, coinciden organismos,
investigadores, catedráticos y periodistas en México.
El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió
en su campaña electoral (marzo/junio 2012) que haría cambios normativos en su
primer año de gobierno. Dijo que impulsaría leyes y legislaciones para regular
la publicidad oficial mediante una reforma constitucional.
El 12 de diciembre de 2012 el mandatario mexicano volvió a
comprometerse en regular la publicidad oficial a los medios de comunicación al
firmar el Pacto con México junto con los tres principales partidos (PRI, PAN y
PRD) con presencia en el Congreso de la Unión.
El presidente de México y los presidentes nacionales de los
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática firmaron en el Quinto Acuerdo (Acuerdos para la gobernabilidad
democrática, Medios de Comunicación) el compromiso 95 del Pacto por México.
Aún ninguna iniciativa del Ejecutivo federal ha sido enviada
al Congreso la Unión para cumplir con las promesas de campaña o lo firmado en
el desparecido Pacto con México.
En México, desde 2012, la mayoría de los partidos políticos
–PAN, PRD, PT, PRI y Nueva Alianza– han presentado 15 iniciativas, nueve en la
Cámara de Senadores y seis en la de Diputados, para regular la publicidad
oficial. Ninguna de las propuestas se ha hecho realidad en el Senado o la
Cámara de Diputados.
La ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información, Aleada Calleja, hizo notar
que las leyes secundarias en materia político electoral fueron aprobadas en
enero de 2014, pero ningún cambio hubo al artículo 134 de la Constitución, el
cual establece deben existir leyes para sancionar a quienes violen la
prohibición a funcionarios que utilicen recursos públicos mediante la
publicidad oficial para hacer propaganda de su imagen.
Explica: “El artículo determina que la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público.”
El activista Rogelio Hernández, de la Casa de los Derechos
del Periodista, señala: “No hay un sólo estado en donde esté normado el gasto
publicitario. Es una vieja demanda de las organizaciones. Siguen arrinconadas
iniciativas. Legislar en torno del gasto publicitario es un pendiente.”
“Hay más de 3 mil sitios de portales digitales. Sólo en el
Estado de México más de 100, somos 32 entidades. Más de 350 diarios, 600
revistas y un universo de medios que salen de vez en cuando. Todos estos tienen
que repartirse un 20 por ciento de lo que queda del gasto publicitario oficial,
lo que queda del gran pastel, publicidad oficial que no está regida por ninguna
ley.”
El director de la organización Sala de Prensa, Gerardo
Albarrán, recuerda que desde los años setenta se ha intentado legislar la
publicidad oficial; en tanto el catedrático Francisco Vidal dijo que a la
publicidad oficial no se le maneja con legislación ni leyes, “es un manejo
discrecional con las reglas del poder, en donde nadie evalúa las campañas, no
se sabe a qué pautas se ajustaron, mucho menos se valoraron las audiencias.”
“No hay forma de vigilar la publicidad y los gobiernos gastan
más de lo aprobado por el Congreso. No existe legislación. El presidente Peña
Nieto se comprometió a crear una institución encargada de analizar y verificar
la publicidad del gobierno en medios. ¿Dónde está la propuesta legislativa?
Nadie quiere meterse a proponer una legislatura que norme la publicidad en
medios, ni los propios periodistas, menos los dueños de los medios. No se mide
audiencias para que todos estén informados.
“Hace falta en México un instituto nacional de monitoreo de
medios. No hay interés en transparentar la relación del poder con los medios.
En las nuevas leyes no aparece nada de la normatividad de la publicidad”,
subrayó el catedrático y periodista Francisco Vidal.
Roberto Rock, ex director del periódico El Universal, asegura
que no puede haber una transición democrática en México si al dinero público,
agrega, se le continúa repartiendo sin transparencia.
Sebastián Aguirre, oficial adjunto del programa de protección
de Artículo 19 para México y Centroamérica, explica que los medios son
empresas, tienen que vivir y pagar nómina.
Insiste: “Desde luego que muchos de los medios no son de
formación periodística, son empresarios. Cada director decide la línea
editorial, nosotros lo que pedimos es que sean transparentes. No importa si
tienen vinculación con políticos o empresarios, lo importante es que sean
transparentes. Que emerja una pluralidad de voces que permita esa pluralidad en
los medios.”
Sólo en 2014, según información de Artículo 19, se presentó
dos nuevas iniciativas de leyes en materia de publicidad oficial: la Ley
General de Propaganda Electoral, por el PRD, el 19 de marzo, y la Ley de
Propaganda Institucional, por el PRI, el 26 de marzo.
Al igual que las 13 anteriores, las iniciativas para regular
la publicidad oficial fueron archivadas.
PUBLICIDAD OFICIAL, UNA MINA DE ORO
Son comunes los excesos de gasto en la publicidad oficial de
los gobiernos federal, estatal y municipal. México subsidia sus medios con
publicidad o fondos secretos que maneja de forma discrecional el presidente de
la República, es la apreciación de organizaciones e investigadores.
El último análisis de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación y Artículo 19, basados en los gastos reportados en el sistema de
comunicación social (COMSOC) de la Secretaría de la Función Pública, que
permiten conocer el monto ejercido en publicidad oficial, destaca que el
presidente Enrique Peña Nieto se gastó 4,195 millones de pesos (“Publicidad
oficial: recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013”)
durante su primer año (2013) de gobierno.
El monto total, señala el documento en nuestro poder, es 7.8%
superior a los 3,890.4 millones de pesos recaudados en 2013 por el impuesto
sobre los depósitos en efectivo y equivale al 74% del monto que se planea
recaudar en 2014 por medio del impuesto sobre los alimentos no básicos con alta
densidad calórica (5,600 millones de pesos).
Los gastos en publicidad oficial 2007-2012 aumentaron de
manera constante y sostenida, ascendiendo a más de 9,299.1 millones de pesos en
2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, que coincidía con
las elecciones federales.
Si se toma en cuenta sólo el primer año de cada sexenio, de
acuerdo con el documento de Fundar y Artículo 19, existe una disminución en
2013, misma que no es importante.
“El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ejerció en
publicidad oficial mil millones menos que Felipe Calderón en su primer año de
gobierno, pero 700 millones más que Vicente Fox. En el mismo periodo, el
presidente Felipe Calderón gastó 5,261 millones de pesos mientras que, en 2001,
el presidente Vicente Fox gastó 3,495 millones de pesos”, según el documento
“Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México.”
El análisis de Fundar y Artículo 19 destaca que se ha notado
una tendencia al aumento constante del ejercicio de estos recursos a lo largo
de los sexenios pasados. Entre el primer año y el último del sexenio de Fox la
variación fue de 50.5%. Y en el sexenio de Calderón la variación anual sexenal
alcanza 76% del gasto inicial. Si la administración actual sigue la misma
tendencia al aumento de sus gastos, podría gastar en 2018 entre 6,292 y 7,383
millones de pesos.
El año 2013 ha estado marcado por una desaceleración en la
economía que afectó el ejercicio del gasto público, lo cual se ve reflejado en
las tendencias del gasto en publicidad oficial.
Según los reportes del sistema COMSOC de enero a julio de
2013, la administración sólo había ejercido 698.5 millones de pesos. El gasto
ejercido en publicidad oficial en noviembre aumentó 185% con respecto a julio,
llegó a 1,996 millones; entre noviembre y diciembre se duplica. Justo cuando en
el Congreso de la Unión comenzó el debate acerca de las reformas
constitucionales en educación, telecomunicaciones y energía.
La publicidad oficial en 2013 fue utilizada para atenuar la
resistencia que provocaron en la opinión pública las iniciativas de reformas
constitucionales planteadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y avaladas
por los partidos mayoritarios, agrupados en el Pacto por México.
El informe “Comprando complacencia: publicidad oficial y
censura indirecta en México” considera que las secretarías de Turismo, Hacienda
y Energía son las que más gastan en publicidad oficial en 2013.
El Ramo 21 (turismo) siempre ha sido un sector con un
ejercicio importante en publicidad oficial con la promoción de México y de sus
lugares turísticos en los ámbitos nacional e internacional.
Los ramos más anunciados en 2013 son también los sectores
donde se impulsó reformas estructurales el año pasado, algunas acompañadas de
una importante propaganda oficial como las reformas hacendaria, educativa y,
sobre todo, energética.
La distribución del gasto en publicidad oficial privilegia a
la televisión, que concentra 33% del gasto (1,392 millones de pesos). En
segundo lugar se encuentra la prensa escrita con 18% (736 millones) y, en
tercero, la radio, con 14% (584). La inversión en internet sigue siendo marginal:
5% del gasto en publicidad oficial, el sexto lugar.
Este documento establece la ausencia de cambios sustantivos
en el uso de la publicidad oficial por parte del gobierno de Enrique Peña
Nieto: una transparencia frágil, montos millonarios ejercidos sin reglas
claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar buscan
persuadir a los ciudadanos respecto a los alcances de las grandes reformas
implementadas por el gobierno.
Gastar más de lo presupuestado en publicidad oficial es una
práctica común. El mismo documento de Fundar y Artículo 19 señala que en el
gobierno del ex presidente Calderón reveló casi un 200% de gasto excesivo.
De 2007 a 2012, 65.9% del presupuesto en publicidad oficial
fue sobre ejercicios, es decir, un gasto no presupuestado. A nivel estatal en
2012, documentamos que 25 entidades gastaron 72% más de lo aprobado. La suma
del presupuesto sobre ejercido asciende a 2,197 millones de pesos.
Este subsidio disfrazado es otorgado bajo reglas
discriminatorias y discrecionales, provocando una falsa sensación de
pluralidad, entre otros efectos distorsionadores.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del
Ejecutivo federal un “Informe sobre la ejecución de los programas y campañas
relativos a la difusión de mensajes”, en el cual reporta que de enero a abril
de este 2014 se ha destinado 77 millones 990 mil pesos para difundir programas
y actividades gubernamentales.
Entre los datos sobresalientes encontramos que la Comisión
Nacional del Agua pagó un total de 5 millones 800 mil pesos por concepto de
publicidad a la Federación Mexicana de Futbol, justo en el año mundialista. En
total, la dependencia ha gastado casi 10 millones de pesos.
No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional es la
dependencia que más recursos pagó a un sólo medio: 6 millones 100 mil pesos a
TV Azteca. Además, es la entidad que más ha gastado en publicidad en términos
generales, 26 millones de pesos.
LOS MÁS GASTONES EN LOS ESTADOS
Cuatro mil millones de pesos fue el gasto publicitario de
Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno, confirma la investigadora de
Fundar Justina Cupay, mientras que los estados de la federación gastaron en
publicidad oficial cuatro mil 500 millones de pesos.
Asombra a cualquiera que en México gasten, cada día, más de
38 millones de pesos en publicidad todos los poderes ejecutivos del país
(federación, estados y municipios), que al mes eroguen 1 mil 161 millones y que
al año la suma ascienda a 13 mil 927 millones, según estima el activista
Rogelio Hernández, de la Casa de los Derechos de los Periodistas.
La publicidad oficial mantiene a los “pasquines”, medios de
comunicación, sobre todo entre la prensa escrita y por Internet, que sobreviven
únicamente gracias a fondos del gobierno y con una audiencia real mínima,
puntualiza la investigadora de Fundar, Justina Cupay.
“Esto permite entender la contradicción entre el hecho de que
los mexicanos leen muy pocos periódicos frente al sinnúmero de impresos –cerca
de mil 600– con que el país cuenta. Y más grave aún, la repartición de la
publicidad oficial puede servir también para controlar los contenidos de los
medios”.
En los estados los medios de comunicación con líneas
editoriales críticas se enfrentan generalmente a innumerables presiones de las
autoridades: auditorías fiscales, intimidación por parte de cuerpos policiacos
y declaraciones de funcionarios para desprestigiarlos.
Pero lo más común sigue siendo la amenaza de retener la
publicidad oficial, siempre de acuerdo con el informe de Fundar y Artículo 19.
En febrero de 2012 el gobernador de Puebla gastó en un mes 56
millones de pesos (4 millones de dólares) para dar a conocer su primer informe
anual.
En diciembre de 2013 el gobernador de Chiapas (uno de los
estados más pobres de México) desplegó una campaña en todo el país, aun con una
prohibición legal. Según reportajes periodísticos, el estado gastó 130 millones
de pesos (9.8 millones de dólares) en publicidad oficial.
De 2007 a 2012 el gasto del gobierno del estado en publicidad
ha crecido considerablemente, según la organización no gubernamental Artículo
19.
La oficial del Programa de Derecho a la Información de esa
organización, Ana Cristina Ruelas, expresó que ese incremento fue de 171.44% y
cada año aumenta por lo menos en 17.4.
Ruelas Serna precisa que, como en otros estados, en Jalisco
el medio favorito del gobierno es la televisión, pues en 2012 le destinó 76% y
en 2010 un 87.1 de su presupuesto de comunicación. Dice que por falta de reglas
claras para la asignación de publicidad oficial los medios críticos se ven
limitados por intentos de censura.
Como ejemplos, aparte de la revista Proceso, menciona al
Diario de Juárez, el Diario de Yucatán, la emisora comunitaria oaxaqueña Radio Ñadi
y la revista Contra línea, caso este último que ameritó una recomendación de la
CNDH, en la cual se subrayaba la ausencia de criterios oficiales.
Unos 26 de los 32 estados del país contestaron a las
solicitudes de información de Fundar y Artículo 19, resultando un gasto de
5,377 millones de pesos.
Éste es el panorama que encontraron las dos organizaciones en
los estados:
Nuevo León y Coahuila gastaron más de 1,000 millones de pesos
cada uno, un promedio de más de 250 por habitante, sin que esto reportara algún
beneficio en particular.
En Querétaro los encuestados declararon que en la mayoría de
casos los empresarios tienen lazos familiares con los políticos o intereses
económicos que influyen en su comportamiento.
En Sonora, en algunos pequeños medios se canceló la
publicidad estatal y los anunciantes privados también se retiraron debido a la
estrecha relación entre las élites políticas y económicas.
En el estado de Guanajuato los medios sobrevivieron gracias a
la publicidad comercial y a la financiación de sus propietarios, mientras que
se les negó publicidad estatal durante un periodo prolongado.
En Oaxaca informaron que no hay anunciantes privados porque
hay pocas empresas privadas.
El coordinador del programa de protección a periodistas de la
Casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández, hizo público una
investigación que realizo respecto a los gastos de publicidad oficial en los
municipios. Asegura que éstos gastan al año 1,500 millones de pesos en tal
rubro.
“Asombro, azoro, estupefacción debiera causar a todos los
ciudadanos observar las monumentales cantidades de dinero público que los
gobiernos gastan en publicidad y quiénes resultan beneficiados”, señala.
El mismo activista reconoce que se ignora el gasto público
publicitario en los municipios y sólo se conoce dos investigaciones académicas
para los municipios de Querétaro y los de Sinaloa.
En Sinaloa buscó los datos oficiales en los 18 municipios.
Así encontró que el presupuesto de gasto de 15 gobiernos
municipales en 2013 fue de 36 millones 306 mil 462 pesos con 43 centavos. De
este total resulta un promedio anual (de presupuesto declarado en 15 de los
municipios) de 2 millones 420 pesos aproximadamente; tres ediles no informaron
y sólo seis reportaron el gasto ejercido, lo que confirma la opacidad enorme en
ese nivel de gobierno.
Explica que hizo un ejercicio de escenarios para todos los
municipios del país a partir de la investigación de Iniciativa Sinaloa. Se
promedió el gasto según la densidad de población en los municipios sinaloenses.
Las cantidades tomadas como base para la proyección son las menores en municipios
similares en población del estado.
Así se estimó un gasto
anual publicitario de 85 mil pesos promedio en cada uno de los 1,345 municipios
menores a 50 mil habitantes del país; 875 mil pesos al año en 945 con más de 50
mil y menos de 100 mil habitantes; y 3 millones y medio en cada uno de los que
son cabeceras de las 166 ciudades con más de 100 mil habitantes, incluyendo a
las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
La multiplicación de los promedios por tipo de municipios
arroja un total de 1,522 millones de pesos aproximados al año. Esta cantidad
podría resultar demasiado conservadora cuando todos los gobiernos municipales
transparenten ese gasto.
Como ejemplos de municipios-ciudades en Ahorme el presupuesto
publicitario de 2013 fue de 5 millones 707 mil pesos; en Mazatlán 6 millones
765 pesos y en Culiacán 17 millones. Averiguar en cada municipio es una tarea
para los periodistas de cada localidad. (Jubacu).
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