Juan Balboa
Acteal, Chenalhó.-Era joven, moreno y apareció de repente
entre un pequeño bosque ubicado en las faldas de uno de los cerros de Acteal en
donde se habían refugiados unas 300 personas que huían de la violencia en sus
comunidades. Desde que llegó se hizo el sordo y mudo. Sólo se comunicaba con
señas, pero los hombres y mujeres nunca le entendieron.
Corría el domingo 21 de diciembre del 1997, el mismo día que
lo priistas y el presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz,
rompieron las platicas de paz en Las Limas, del mismo municipio, con el
pretexto de que los desplazados que estaban en Acteal habían secuestrado a un militante
del PRI. Amenazaron con ir Acteal a salvar a su compañero y agredir a quienes
presuntamente lo secuestraron.
“Esta amarrado y sin comida en Acteal”, insistía el entonces
presidente municipal de Chenalhó. Se integro una comisión multidisciplinaria encabezado
por el secretario de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el padre
Gonzalo Ituarte, al cual se sumó el cineasta Carlos Martínez Suárez y el que
escribe. La comisión se trasladó el mismo domingo 21 de diciembre de 1997 a ver
a los desplazados y comprobar el presunto secuestro del priista.
La sorpresa de la Comisión fue encontrar al “supuesto
secuestrado” comiendo y platicando con los desplazados. El padre Ituarte empezó
a preguntar a los desplazados de la sociedad civil Las Abejas ¿qué hacía ese
hombre ahí?, “los priistas dicen que lo secuestraron”, los inquirió.
Se escucharon varias voces que respondían a la pregunta del
representante de la Conai: “Apareció de repente, es de Pechiquil, de acá abajo,
y no habla ni escucha”.
El joven moreno, supuestamente mudo y sordo fue el que dio el
pitazo a los paramilitares de unas siete comunidades para atacar, al otro día
(22 de diciembre), a los desplazados cuando estos rezaban en la ermita católica
que se encontraba arriba de su campamento hecho de nailon y palo obtenido del
mismo lugar en donde se encontraban.
Una masacre anunciada
Durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, indígenas
priistas y cardenistas (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional, existió de 1987 a 1997) se reunieron en la comunidad de Pechiquil,
ubicada en la parte baja de Acteal, para planear la matanza. Allí repartieron
armas y se organizó el cerco armado con el cual sorprenderían a los desplazados
refugiados en uno de los cerros de Acteal. El lunes (22) a primera hora, los
priistas entraron al templo presbiteriano de Pechiquil para rezar y exculparse
por la matanza que hora más tarde cometerían.
Cada una de las casas de Pechiquil, una de las comunidades en
donde se planifico la masacre, tenían pintado el logo del PRI. Todas las
viviendas, sin excepción, empezaron a utilizar el logo del tricolor como un
seguro de vida, como una bandera de salvación y era para ellos un escudo
protector en contra de los priistas armados que ultimaron a 45 indígenas
tsotsiles el lunes 22 de diciembre de 1997.
Paramilitares de Los Chorros, La Esperanza, Chimish y
Queshtic se reunieron en Pechiquil para ver los detalles de la matanza, lo
mismo se hizo en otras comunidades. Durante varias horas repartieron las armas
y se distribuyeron las diferentes zonas del circulo armado que habrían de
formar para evitar que huyeran los desplazados que estaban refugiados en
Acteal. Así lo aseguraron los testimonios de secuestrados, testigos y heridos
recogidos por el cineasta Carlos Martínez Suárez y organismos de derechos
humanos.
A las ocho de la mañana del lunes 22 de diciembre, una docena
de priistas armados de Pechiquil, acompañado de sus familiares, entraron al
templo presbiteriano para rezar por sus vidas y exculparse del asesinato a
mansalva que habrían de perpetrar horas después.
Lorenzo, uno de los indígenas de la sociedad civil Las
Abejas, que estuvo secuestrado en Pechiquil hasta el 26 de diciembre, lo
recuerda bien: “El 22 de diciembre llegaron de nuevo en la mañana de varias
comunidades a Pechiquil. Uno de ellos era Victorio Pérez Pérez, originario de
La Esperanza. Antes de marcharse por Acteal, fueron al templo presbiteriano
para rezar. Cuando terminaron a las nueve y media de la mañana, subieron los de
Pechiquil con los de Los Chorros a una camioneta roja propiedad de José María Méndez”.
El trayecto por carretera desde Pechiquil hasta Acteal es de unos veinte
minutos.
A partir de las once y media o doce de la mañana se oyeron
los primeros disparos. Se escucharon disparos hasta las cuatro de la tarde. Los
que se habían quedado en Pechiquil se fueron al templo presbiteriano para
continuar rezando para que nada les pasara a los que se habían ido Acteal a
perpetrar la masacre.
Vicente y Salvador, originarios del paraje Tzajalucum y
retenidos en contra de su voluntad también en Pechiquil fueron más específicos.
Recuerdan que los veinte priistas de esa comunidad viajaron rumbo a Acteal
acompañados por otras 20 personas de Los Chorros y La Esperanza. Según el
testimonio de Vicente y Salvador, los priistas que salieron en la mañana del 22
de diciembre rumbo a Acteal sólo dijeron que taparían la carretera que comunica
a los municipios de Chenalhó con Pantelhó.
“Todos sabíamos -señala Vicente en su testimonio- que iban a
atacar a la gente refugiada en Acteal”. Salvador recuerda que uno de los
priistas que salieron a agredir a los desplazados en Acteal expresó molesto:
“Vamos acabar con los zapatistas”.
Se fueron vestidos de verde olivo como los militares, pero
llevaban paliacates rojos en la cabeza. Llevaban también armas de alto calibre.
Salvador, hijo de Vicente, estimó que cada persona llevaba por lo menos cien
tiros y aseguró que todos los atacantes iban sobrios. ”Regresaron a las cuatro
de la tarde, parecían cansados pero venían contentos”.
En Queshtic se reunió
el segundo grupo
En Queshtic, otra de las comunidades priistas cercana a
Acteal, se registraron inusuales movimientos de personas armadas que se
comunicaban con otras comunidades para planificar con precisión el número de
personas que habrían de participar y las amas que llevarían. Según el testimonio
de Juan y Javier – retenidos primero en la Esperanza y después en Queshtic-, el
domingo 21 de diciembre se aumentó la comunicación de los priistas de Los
Chorros, Puebla, La Esperanza, Chimish, Kanolal y Pechiquil.
“El domingo se reunieron en el templo evangélico para nombrar
responsables de comisiones que habrían de correr la voz en toda la región. “El
mismo domingo 21 de diciembre por la mañana los priistas nos obligaron a robar
las pertenencias de nuestros hermanos que habían salido de la comunidad. El domingo
también llegaron cuatro a cinco personas de Los Chorros con cuernos de chivo,
llegaron a la casa de un señor Méndez”, cuentan los hermanos Juan y Javier.
Destacan que la mayoría de las personas armadas traían pañuelos
amarrados en la frente, varios venían vestidos de militar. Además de radio trasmisores,
cuchillos y fusiles AK47.
Juan y Javier estaban presos en la casa de Alonso Vázquez Secúm.
La casa estaba resguardada por varias personas. En su testimonio narran cómo la
noche del domingo 21 fue planeado también en Queshtic el asalto a Acteal.
Recuerdan que el domingo por la tarde los paramilitares dijeron que iban a
entrar el lunes a Acteal y dieron la orden a toda la gente priista de que al día
siguiente tenían que ir bien desayunados. Dijeron que el objetivo era ir a
cargar todo el café que tenían los de Las Abejas.
Javier cuenta que en la masacre participaron priistas de
Queshtic, Chimish, Bajoveltik, Pechiquil, Los Chorros, Puebla, Kanolal y La
Esperanza. “Dijeron que tenían que rodear a Acteal para acabar con los
zapatistas y los de la sociedad civil porque son los que alborotan a la gente.
El plan que se armó el lunes 22 de diciembre fue que nosotros teníamos que
salir a recibir todo lo robado ese día en la carretera donde hay dos postes y
donde está la casa de los Luna. Alrededor de las cuatro de la tarde regresaron
esta gente y nos dijeron que no había que cargar nada, que no pudieron robar nada. Pidieron una
cooperación para comprar más balas. Veinte pesos por persona. Mucha gente les
respondió que no tenían dinero, pero los obligaron a robar animales para
venderlos en la cabecera municipal de Chenalhó”.
La perversión y locura
de los asesinos
La masacre de Acteal tuvo no sólo la violencia de las balas y
los cuchillos sobre mujeres y niños desarmados. También la perversión, la
locura de los asesinos, estuvo presente. Una de esas historias es de Armando
Vázquez Luna, quien estuvo preso en Cerro Hueco. Hace algún tiempo Vázquez Luna quiso casarse
con una de las hijas de Alejandro Capote Ruiz. Pero no tuvo éxito. Su
pretendida lo rechazó. Eso le costó a la familia de Alejandro Capote tener que
abandonar su vivienda y tierras en Queshtic. La mañana del 22 de diciembre, en
Acteal, Armando encontró a Marcela, una de las hermanas de su pretendida. No le
bastó con descargarle nueve tiros de su fusil. Caminó hasta donde yacía su
cuerpo, le levantó la falda y le ensartó un palo en la vagina. Con orgullo,
desquiciado, con el cadáver de la joven tsotsil desangrándose a sus pies.
Armando gritó: “Y si hubiera encontrado a mi pretendida la mato y la hago
pedacitos.
Y lo confirma Alberto N, sobreviviente de la masacre. Lo narra
así la violencia contra las mujeres: “Cuando murieron las mujeres, un hombre
les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…).
Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su
estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la
panza de la mujer”.
Borrar todo indicio de
la escena del crimen
Amparados por la oscuridad y la neblina, funcionarios del
entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro limpiaron, en la madrugada del 23 de
diciembre del 1997, la escena del crimen: Recogieron los cadáveres y los
trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas; movieron objetos del lugar
para lavar la escena de la masacre; elementos de la policía estatal que estaban
a unos 200 metros del lugar de la masacre y que no hicieron nada por detener a
los paramilitares, les fue ordenado no dejar pasar a ninguna persona y,
finalmente, acordaron tener un argumento oficial: “Fue un enfrentamiento entre
zapatistas”.
Los principales funcionarios que participaron en dicho operativo
destacan Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario General de Gobierno, quien fue el
encargado de hacer la limpieza en el terreno y trasladar los cuerpos; el ex
secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández
Aguilar; y el ex procurador General de Justicia, Marco Antonio Besares Escobar.
El camino a la masacre
En siete meses, unos 75 indígenas tsotsiles –el 80 por
miembro de Las Abejas- fueron asesinados en comunidades de Chenalhó, y 90 más fueron
heridos con armas de fuego y objetos punzocortantes, según trabajo de campo
realizado por el cineasta Carlos Martínez y el que escribe durante siete meses
previo a la masacre, el cual se encuentra documentado en video, y confirmado
por organismos de derechos humanos.
En los hechos violentos que abarca desde el 24 de mayo al 22
de diciembre del 1997, se registró también centena de casas quemadas, robadas o
destruidas por grupos de priistas armados que recorrían los parajes y los
caminos con toda impunidad solapados por la policía estatal y los propios
militares.
Dos de los hechos de violencia que se registraron en los
siete meses previo a la masacre, sobresalen dos por el número de asesinados,
las armas de altos poder utilizados y la seña con que realizaron los
asesinatos. El primero es el asesinato de cuatro personas el 19 de noviembre en
la comunidad de Aurora Chica y la masacre de 45 personas en la comunidad de
Acteal el 22 de diciembre, los dos en el municipio de Chenalhó.
El trágico recuento se inicia con la emboscada perpetrada por
priistas armados en la cercanía de Unión Yashemel el 24 de mayo de 1997, en
donde perdió la vida un simpatizante zapatista, Cristóbal Pérez, y dos más
fueron heridos con armas de fuero: Federico Guzmán Arias y José Pérez Pérez,
finaliza con la masacre de Acteal
Acteal, ante la
justicia: Breve reporte jurídico
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha
dado puntual seguimiento a los juicios penales en contra de funcionarios. El
siguiente es un reporte presentado en el 2007 en donde destacan el ex
procurador General de Justicia, Marco Antonio Besares Escobar; el ex secretario
general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani y el Secretario Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar.
Juicios penales
15 Ex servidores públicos de bajo nivel procesados (en 5
causas penales).
1 Presidente Municipal de Chenalhó en 1997 (Jacinto Arias
Cruz).
Delito: Homicidio calificado, lesiones calificadas y
portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea.
Condena: 36 años y 3 meses de prisión, confirmada en Juicio
de Amparo Directo.
1 Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía
del Estado.
2 Policías de Seguridad Pública, adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.
Delitos: Homicidio y lesiones por omisión (No salvaguardar la
integridad y vida de las personas).
Condena: 8 años de prisión.
11 Funcionarios estatales más (la mayoría personal de bajo
nivel de la Secretaría de Seguridad Pública).
Delito: Portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Condenas: 3 a 7 años (Algunos ejercieron el beneficio de la
condena condicional y sustituyeron su pena en prisión por trabajos en favor de
la comunidad).
Pendientes: 2 órdenes de aprehensión por ejecutar contra
funcionarios de ese entonces:
Coordinador de la Policía Estatal (Jorge Gamboa Solís) y
Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal (José Luis Rodríguez
Orozco).
87 Civiles indígenas procesados (en 7 causas penales).
6 Absueltos (16/11/01) por considerar, el Juez, que no
existían elementos que acreditaran su responsabilidad, a pesar de que fueron
reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo.
27 Compurgando penas de entre 35 y 40 años de prisión después
de haber agotado todos los recursos legales e incluso el Juicio de Amparo
Directo.
31 Sentenciados de manera condenatoria recientemente
(23/07/07) y (01/10/07), con una pena de 26 años de prisión. (Presentaron
apelación la cuál está por resolverse).
18 Condenados en segunda instancia a 25 años de prisión
(12/11/07).
2 Condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones
de humanidad (edad y salud). No pueden residir o ir a donde ocurrió la masacre
o donde se encuentren las víctimas o sus familiares).
2 Procesados esperando les sea dictada nuevamente sentencia
de primera instancia, ya que hubo reposición de procedimiento.
1 falleció por enfermedad en el transcurso del proceso.
Delitos: Homicidio calificado, lesiones calificadas,
portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea. (El Ministerio Público consignó por asociación delictuosa, pero
en apelaciones y/o amparos se tuvo por no acreditado este delito).
Pendientes: 27 órdenes de aprehensión en contra de civiles
indígenas y reparación de daños (sólo 1 sentencia que se está firme, condena a
una persona a pagar reparación de daño por algunos de los extintos).
Procesos
administrativos en contra de funcionarios
En enero de 1998, la Contraloría General del Gobierno de
Chiapas inició procesos administrativos contra funcionarios públicos, por
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al
gobierno de Chiapas (Recomendación 1/98), quedando de la siguiente manera:
4 Absueltos de toda responsabilidad administrativa
(11/12/98):
Secretario para la atención de los Pueblos Indígenas (Antonio
Pérez Hernández).
Subprocurador general de Averiguaciones Previas (Ramiro
Sánchez Vega).
Comandante adscrito a la Procuraduría de Justicia de Chenalhó
(Ricardo Alvarado Gutiérrez).
Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría
de Justicia Indígena (Marco AntonioJiménez Espinosa).
1 Inhabilitado por 6 años para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público estatal:
2º. Oficial responsable de la base de operación de Seguridad
Pública (Iturbide Rincón Luna).
5 Inhabilitados por 8 años para empleos, cargos o comisiones
en el servicio público estatal:
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
(Jorge Enrique Hernández Aguilar)
Sub-procurador de Justicia Indígena (David Gómez Hernández).
Director General de Seguridad Pública del Estado (Militar
retirado José Luis Rodríguez Orozco)
(Tiene orden de aprehensión pendiente de ejecutarse).
Policía de Seguridad Pública Estatal (Comandante Roberto
García Rivas).
Policía de Seguridad Pública Estatal (Comandante Roberto
Martín Méndez Gómez).
1 Inhabilitado por 10 años para empleos, cargos o comisiones
en el servicio público estatal :
Coordinador General de la Policía del Estado (Gral. Jorge
Gamboa Solís) (Tiene orden de aprehensión pendiente).
4 Prescrita la acción para sancionar en las correspondientes
resoluciones de los Juicios de Nulidad interpuestos por los funcionarios, con
lo que se dejó sin efecto la sanción impuesta en un inicio por la Contraloría
General, la cual consistía en inhabilitación por 8 años para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal. (Entre 08/99 y
03/01).
Subsecretario general del Gobierno (Uriel Jarquín Gálvez).
Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del
Estado (Julio César Santiago Díaz).
Secretario General de Gobierno (Homero Tovilla Cristiani).
Procurador General de Justicia del Estado (Marco Antonio
Besares Escobar).
A pesar de la falta de sanción administrativa para estos
funcionarios, la CNDH:
Consideró cumplidos los 9 puntos de la Recomendación al
Gobierno de Chiapas (28/11/03).
Consideró cumplido el único punto recomendado a la
Procuraduría General de la República (ampliar sus líneas de investigación para
determinar responsabilidad penal por acción, omisión o comisión por omisión de
todos y cada uno de los servidores públicos de Chiapas) a pesar de que sólo
fueron condenados penalmente algunos funcionarios de la Policía de Seguridad
Pública, dejando intactos a los funcionarios ubicados en los niveles más altos
(28/04/99).
El Estado Mexicano es responsable de la masacre de Acteal:
POR ACCIÓN:
8 Porque la masacre fue producto de una política de estado
deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a
cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas
incomodaran al gobierno.
POR OMISIÓN:
8 Porque mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad
Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que
interviniera para evitar su consumación.
8 Porque autoridades del Gobierno de Chiapas fueron
advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia.
POR DILACIÓN Y
DENEGACIÓN DE JUSTICIA:
8 Porque ha negado el derecho de conocer la verdad de los
hechos, pues no se han agotado las líneas de investigación, relativas a la
implementación de una estrategia contrainsurgente.
8 Porque los recursos legales interpuestos han resultado
totalmente ineficaces. A 10 años de la masacre aún hay causas penales abiertas,
los juicios se han extendido excesivamente lo que ha desgastado a los
familiares y testigos.
8 Porque los autores intelectuales no han sido castigados.
8 Porque aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar.
8 Porque no han sido tomadas las medidas que garanticen la no
repetición de los hechos, entre las que estaría el desarme de los grupos
paramilitares.
8 Porque sólo una de las sentencias que han quedado firmes
condena a uno de los acusados a pagar reparación del daño a los familiares de
los extintos.
Artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
violados por el Estado Mexicano: Obligación de respetar los derechos, derecho a
la vida, derecho a la integridad personal, garantías judiciales, protección a
la familia, derechos del niño, protección judicial. (JBC).
