Juan Balboa
México, (Notimex).- Familiares de cinco cubanos presos desde hace 14 años en Estados Unidos, acusados de delitos relacionados con espionaje, recorren la región en busca de la solidaridad internacional para que el presidente Barack Obama revoque las largas condenas de prisión que en conjunto suman 100 años, más dos condenas perpetuas, y puedan quedar en libertad.
Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando González Llort –uno de los cinco cubanos, condenado a 19 años y nueve meses de prisión-, considera que se trata de un “preso por una decisión política” del gobierno que presidía George W. Bush.
Dijo que el grupo de cubanos preso en Estados Unidos se había dirigido a territorio estadounidese para monitorear grupos anticubanos que buscaban atentar contra la isla.
“Porque estos hombres fueron a Estados Unidos a monitorear grupos terroristas con accionar violento contra Cuba, que promueven la violencia contra mi país”, dice Rosa Aurora Freijanes con voz pausada en la entrevista con Notimex.
FReijanes ha mantyenido reuniones con sindicalistas de Estados Unidos y de países de América Latina, y un largo viaje de Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México.
Los casos políticos, sostiene en la entrevista, se ganan con el apoyo internacional.
“Siempre pongo el ejemplo de Mandela. Mandela no fue liberado por la decisión de una Corte, Mandela fue liberado por el reclamo de millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. A eso nos hemos dedicado los familias de los cinco: a buscar la solidaridad internacional para liberarlos”.
El expediente jurídico que contiene el proceso contra Gerardo Hernández (condenado a dos cadenas perpetuas, más 15 años), Ramón Labañinos (30 años de prisión), Antonio Guerrero (21 años, más 10 meses), Fernando González (19 años, más 9 meses) y René González (condenado a 15 años, actualmente con libertad supervisada), consta de 120 volúmenes de testimonios y más de 20 mil páginas de documentos.
En conjunto reunen dos cadenas perpetuas, 100 años, 19 meses de cárcel y 8 años de libertad supervisada para dos de ellos -Antonio Guerrero y René Gonzáles-, por haber nacido en Estados Unidos.
El 12 de septiembre de 1998, el grupo de cubanos fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) inculpado de integrar la llamada “Red Avispa” que espiaba para La Habana.
De acuerdo con el gobierno de Cuba, sus ciudadanos fueron llevados a celdas de castigo, sin vínculo con la población carcelaria, y aislados durante 17 meses, “a pesar de que en Estados Unidos se manda a celdas de castigo cuando un preso comete grave indisciplina”, dice.
“Saberlos presos era saberlos vivos, y a partir de ahí empezamos esta lucha por el regreso, lo más inmediato posible. No hemos podido lograrlo, ya son 14 años que se van a cumplir el 12 de septiembre, pero no nos cansamos”.
Freijanes dice que el grupo fue juzgados en Miami donde hubo una gran presión del exilio anticubano y fueron hallados culpables y sentenciados a “condenas largas sin precedente”, y confinados en cinco cárceles de máxima seguridad separadas una de otra.
Después de cuatro años de que el caso pasó del Tercer Distrito de Atlanta –donde tres jueces revocaron la sentencia y dictaminaron un nuevo juicio en otra sede- al Onceno Distrito del mismo estado, y de ahí a la Corte Suprema de los Estados Unidos, los abogados defensores decidieron ir a la resentencia y solicitaron reabrir el caso.
Martin Garbus, destacado abogado defensor de la Primera Enmienda y de los derechos civiles, quien se unió al equipo de defensa legal de los agentes cubanos en abril de 2012, anunció el pasado 20 de agosto un nuevo affidavit (es una declaración escrita hecha voluntariamente) en apoyo al hábeas corpus de los cinco sentenciados.
Inició la semana pasada pidiendo la revocación de la condena de Gerardo Hernández -sobre quien pesan dos cadenas perpetuas más 15 años-, con el argumento de" la mala conducta masiva del gobierno, que pagó varios millones de dólares a periodistas de Miami durante el juicio de los cinco agentes de La Habana cubanos", según la esposa de Fernando González.
Rosa Aurora Freijanes afirmó que si la jueza de Miami, Joan Lenard, no está de acuerdo con la apelación de Hernández para anular la condena entonces solicitarán a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordene la concesión de una audiencia oral, “para descubrir la exposición total de la operación ilegal y secreta” que el gobierno estadounidense realizó durante el juicio que inició en 2000 y terminó siete meses después, en junio de 2001.
NTX/JBC.
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